Hay muchas
cosas qué considerar en torno a lo que ocurre en Oaxaca en estos días. Un
asunto es la reacción del gobierno federal a las manifestaciones, otro es la
reforma educativa, otro el de la corrupción en los sindicatos. Ahora bien, se
puede estar de acuerdo o no con los fines que persiguen o con los medios que
utilizan los profesores de la CNTE en Oaxaca, pero en ningún caso puede
aceptarse que en una manifestación las fuerzas policiales usen armas de fuego en
contra de los civiles. Eso en una democracia simple y sencillamente no puede
suceder. Por algo elemental: ahora son los profesores de la CNTE, pero podría
ser cualquier otra manifestación de civiles, quizá una con la que usted esté
incluso de acuerdo.
Otro asunto
es la reforma educativa misma. Es innegable que en ella hay aspectos benéficos
para el país. No creo que nadie esté dispuesto a negar que el sometimiento de
las plazas a un concurso era algo urgente: en ese concurso los participantes se
encontrarán en igualdad de circunstancias, de modo que sólo sus conocimientos y
sus habilidades serán relevantes. La evaluación a los maestros también era una
necesidad imperiosa. Pero también hay preguntas que pueden seguirse planteando:
¿cómo se evalúa a los maestros; qué aspectos son relevantes para su evaluación;
se puede evaluar con los mismos parámetros al que da clases en la sierra
tarahumara que al que trabaja en una escuela en el centro de la ciudad?
¿Realmente se evalúa el quehacer de los maestros, o sólo se les piden papeles
cuya recopilación acaba limitando su margen de acción frente a los alumnos? En
fin, mi punto es que aunque la reforma esté aprobada por los medios legales, y
se halla puesto en marcha, y goce de cierta popularidad, ello no significa que
sea indiscutible, o que no pueda mejorarse, o que no pueda modificarse o ser
sustituida por otra. También podría considerarse insuficiente por supuesto.
Otro asunto
es el del sindicato: seguramente hay corrupción, ya por su tamaño, ya porque
estamos en México. Esa corrupción debe combatirse por los medios habituales de
la justicia, si el líder del sindicato es corrupto lo ha sido desde hace mucho,
¿por qué no se le detuvo antes? ¿Y por qué sólo él es detenido? Deberá ser
juzgado junto a todos los que hayan participado en actos de corrupción, en el
sindicato o en los gobiernos… La cuestión relevante ahora es: ¿y a pesar de
todo eso, no podrían tener la razón en algo los maestros? ¿No tienen derecho a
ser escuchados? ¿Por qué apenas hoy el secretario de gobernación se propone
sentarse a dialogar con ellos. Supóngase incluso que han sido los maestros
quienes se han resistido al diálogo (aunque lo han solicitado desde antes de
que se aprobara la reforma): se trataría de un error para su causa. Pero si es
el gobierno el que no está dispuesto a dialogar, de lo que se trata es de un crimen.
Lo peor es
que al parecer en este país la única voz audible es la de la violencia. No
sabemos dialogar, ni discutir ni defender nuestras opiniones ni opinar
responsablemente siquiera. Los ciudadanos ven, por ejemplo, en los políticos a
sus salvadores o a villanos estilo película de Disney, y los políticos se
presumen, presentan, asumen no como interlocutores obligados en un diálogo
entre todos los sectores de la sociedad, sino como autoridades, con mayúscula,
esto es, como quien da las órdenes, quien manda, quien debe ser obedecido. En
ningún caso el diálogo se ve como una necesidad. Y cuando se habla de diálogo,
lo que se entiende es algo así como que cada quien exprese su opinión y se
quede con ella, con lo que se pasa por alto el requisito fundamental de todo
diálogo: que ambos interlocutores estén dispuestos a cambiar de opinión, a
reconocer su propia posición como errónea, o a ceder en algún aspecto.
Alfonso
Chávez Gallo
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